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Los Puertos españoles deberán devolver cerca de 400 millones de euros en tasas por sentencias del Tribunal Constitucional

Al Puerto de Santander le corresponde devolver 14 millones de euros, un 3,5% del total, aunque será el fondo de contingencia del Estado quien asuma la devolución.

El conjunto del sistema portuario español deberá hacer frente a una devolución de tasas por servicios portuarios de 400 millones de euros.

La situación se ha generado por las sentencias de Tribunal Constitucional de mayo y junio de 2009, que consideraron que determinadas tarifas por servicios portuarios se amparaban en cambios legislativos inconstitucionales.

El conocido como conflicto tarifario, tiene su origen en la década de los 90, cuando comenzaron a dictarse resoluciones judiciales anulando liquidaciones de tarifas portuarias por estar fijado su importe por normas sin rango legal.

Las empresas consignatarias comenzaron a hacer efectivas estas sentencias, mientras que el parlamento español introdujo modificaciones legislativas y normativas a partir del año 2000 para solucionar esta cuestión y permitir que los puertos pudieran volver a facturar las tarifas anuladas judicialmente por dichos defectos formales.

Las Autoridades Portuarias deben hacer provisión de estas cantidades en sus cuentas por motivos contables, aunque será el Estado quien asuma estas devoluciones a través del fondo de contingencia

Con estas modificaciones, la intención del poder legislativo fue la de mantener los niveles de ingresos portuarios y fortalecer su carácter de autosuficiencia económica. En base a estas modificaciones realizadas por el Parlamento, los puertos españoles, obligados a cumplir las disposiciones legales, comenzaron a refacturar las tarifas que habían sido inicialmente anuladas.

El conflicto tarifario siguió su curso hasta que en el año 2009, el Tribunal Constitucional declaró que las modificaciones realizadas por el parlamento para permitir el cobro de las tarifas eran inconstitucionales.

La consecuencia directa de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que los puertos españoles tienen que devolver a las empresas consignatarias un total de 400 millones de euros, de los cuales a la Autoridad Portuaria de Santander le corresponden 14,2 millones, lo que supone un 3,5% del total.

Fuente: Logistica.TV

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